El gobernador Jorge Capitanich, junto a la vicegobernadora Analía Rach Quiroga, presentó el Programa Renta Mínima Progresiva de Base Universal (PRM) que alcanzará a 40.000 chaqueños y chaqueñas con una inversión anual de 2.500 millones de pesos.
“Chaco es líder en la articulación de políticas sociales activas; somos la primera provincia que introduce el concepto de Renta Mínima garantizando una efectiva inclusión social”.
Jorge Capitanich (Gobernador del Chaco)
Se trata de una inversión significativa que contempla el plan de seguridad alimentaria con una inversión anual de $6.000 millones, prestaciones sociales directas ($2.500 millones), tarifa social y transporte ($2.000 millones) y líneas de financiamiento a emprendedores con una inversión que alcanzará los $1.000 millones. “Estamos haciendo un gran esfuerzo en la asignación de recursos para generar igualdad, justicia social y una real inclusión”, subrayó el mandatario. Indicó así que a través de los programas antes mencionados se busca garantizar asistencia alimentaria y sanitaria, fortalecer el empleo y la formación en oficios, el acceso a los servicios básicos y garantizar una mejor calidad de vida. Participaron de la presentación las ministras María Pía Chiacchio Cavana (Desarrollo Social) y Maia Woelflin (Planificación y Economía).
El programa RMP, que coordinará el Ministerio de Desarrollo Social y entrará en vigencia el 1° de marzo, implicará la asignación de un ingreso con contraprestaciones bien específicas. Está dirigido a ciudadanas y ciudadanos con carencia de recursos económicos y que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad social y a aquellos que estén vinculados con un plan o programa social provincial.
Chiacchio Cavana remarcó que la RMP es un sistema tomado de Europa, donde se implementó con gran éxito. “Acá lo trabajamos comprendiendo a la población chaqueña, entendiendo nuestras realidades, con la posibilidad de pensar en políticas sociales innovadoras que apuesten a que las personas tenga el goce y el ejercicio integral y simultáneo de derechos”, explicó.
Señaló que este plan, además de ser una política social de distribución del ingreso, facilita el acceso la salud, ya que niños, niñas y adolescentes contarán con los controles sanitarios. Además asegura el acceso a la educación – garantizando la permanencia en los diversos niveles educativos- y ofrece las herramientas necesarias para que adultos puedan desarrollar sus proyectos de vida.
“Todos van a poder estudiar y formarse en oficios de acuerdo a la elección y cuando terminen la formación, el Estado seguirá presente financiando a través de distintas líneas de crédito para que puedan financiar sus emprendimientos”, detalló. La ministra de Desarrollo Social señaló además que para la instrumentación de este programa se trabajó sobre el listado de beneficiarios de programas sociales, lo que permitió unificar la base de datos.
