El proyecto, de autoría de la Presidente del Bloque de Concejales UCR Dra. María Teresa Celada y con el acompañamiento de los ediles, Carla Cantero, Carlos Salom, Dino Ortiz y Soledad Villagra. El mismo establece el carácter obligatorio de la realización de exámenes médicos y/o bioquímicos para determinar la presencia de metabolitos de sustancias ilegales.
Consultada al respecto Celada manifestó, “quienes detentan cargos públicos debieran ser ejemplos para el resto de la sociedad, la administración pública debería ser un modelo a seguir en el campo del control de las consecuencias del uso de estupefacientes, que constituye una enfermedad que debe ser tratada y erradicada”, afirmó.
“Con esta medida de ninguna manera se pretende que la persona se quede sin trabajo, sino de mejorar las condiciones de su vida, del núcleo familiar y de la sociedad en su conjunto, con un abordaje integral e interdisciplinario que evite la estigmatización del consumidor y procure su plena reinserción social, porque entendemos que la adicción como enfermedad puede detenerse y la prevención en ello, es clave”.
María Teresa Celada (Concejal de Resistencia)
El proyecto contempla que los funcionarios comprendidos, deberán indefectiblemente realizarse cada seis (6) meses, los exámenes médicos y/o bioquímicos necesarios para determinar la ausencia en su organismo de estupefacientes ilegales. En el caso de ser detectados, el funcionario será suspendido en sus funciones disponiéndose su tratamiento médico por la vía más conveniente, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente.
Para finalizar la edil explica “desde la clase dirigencial debemos demostrar con hechos que nos encuentramos comprometida con la lucha del narcotráfico y la erradicación del flagelo que se instala y daña a nuestra sociedad, las provincias de Tucumán y Tierra del Fuego son el ejemplo que debemos seguir ya que no sólo cuentan con una ley sino que además la aplican de manera regular”.
