El bloque de diputados radicales manifestó, a través del Proyecto de Resolución 335/2020, su profunda preocupación por el despido de la docente Cecilia Rivero de la UEGP N°172 “Deolindo Felipe Bittel” el que se habría producido, según denuncia la involucrada, por su participación ciudadana dentro de las numerosas personas que reclaman por el desmedido aumento de los impuestos implementado por la Municipalidad de Resistencia.
El Proyecto lleva la firma de los diputados: Carina Batalla, Débora Cardozo, Carmen Delgado, Alejandro Aradas, Livio Gutiérrez, Carim Peche y Leandro Zdero.
Su compromiso como ciudadana
En declaraciones a la prensa, la docente indicó que “El primer día de clases, el director del establecimiento hizo un discurso político-partidario sin nombrarme, trató de inmoral y criminal a las personas que intentan vaciar las arcas del estado”.
Asimismo, denunció persecución y agresión por parte de un colega, quien la calificó como “traidora” y reconoció que por la situación, debió recurrir a un profesional médico, quien le otorgó cinco días de reposo. Cuando fue a presentar el reconocimiento médico, desde la institución no lo quisieron recibir.
La docente está convencida que el motivo real del despido está relacionado con el reclamo a la Municipalidad de Resistencia por el aumento desmedido de los impuestos, sosteniendo que “me despiden por mi actividad ciudadana, no por mi desempeño o incumplimiento laboral”.
¿Discriminación o persecución política?
Además, en el proyecto solicitan a las autoridades jurisdiccionales competentes, actúen en el marco de sus facultades para esclarecer los reales motivos por los cuales fuera despedida la mencionada docente y si se enmarca en un hecho de discriminación o persecución política por su actividad ciudadana y, de comprobarse, se adopten los recaudos pertinentes para reparar tal situación y toda otra medida que corresponda ante tal situación.
“Ante la gravedad de tal situación es que consideramos imprescindible expresar la preocupación de esta Legislatura y el rápido esclarecimiento de los hechos, adoptando si correspondieran, las medidas pertinentes para reparar la misma, así como las destinadas a evitar cualquier conculcación de los derechos de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones libremente y reclamar ante las autoridades, tal como consagra nuestra Constitución y las leyes. Por todo ello, solicitamos la aprobación de la presente resolución”, concluyeron los legisladores.
