La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ya había solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y por su intermedio al primer mandatario, deducciones impositivas y paliativos fiscales; más adelante, la suspensión de todos los plazos de caducidad y prescripción de acciones y derechos establecidos en las normas de fondo.
En vista de la perspectiva de una parálisis de la Justicia por tiempo indeterminado, ahora reclama nuevas acciones para “superar las limitaciones” del aislamiento. Estas “limitaciones” son la imposición de ferias judiciales, asuetos y/o suspensión de términos procesales, que han ocasionado la “paralización del sistema judicial”. El objetivo es apuntar al restablecimiento pleno de la actividad tanto en el ámbito federal como en las jurisdicciones provinciales.
Solicita además el dictado de una “norma de excepción” para que los abogados que ejercen la profesión puedan “trasladarse desde o hacia los lugares que se lo demande estrictamente su tarea profesional”, como ocurre con una serie de actividades y servicios.
Cabe señalar que la entidad hace una valoración elogiosa de las medidas adoptadas por el Ejecutivo nacional y en particular por la cartera sanitaria para atenuar las consecuencias potencialmente catastróficas de la pandemia de coronavirus en Argentina, no obstante lo cual pide “analizar la necesidad imprescindible de volver al pleno funcionamiento del servicio de justicia, cuya administración es confiada al Poder Judicial, pilar fundamental en que se asienta el sistema republicano y federal de gobierno”.
La nota dirigida a la ministra Marcela Losardo, y por su intermedio al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero y al Presidente Alberto Fernández, lleva las firmas del presidente de FACA, José Luis Lassalle, y de su secretario General, Marcelo C.C. Scarpa.
