Cr. Jorge Milton Capitanich :
Me dirijo a Ud. en carácter de presidente del Movimiento Libres del Sur del Chaco, pero fundamentalmente como militante del campo popular, de las ideas progresistas y comprovinciano suyo, para hacerle llegar mi profunda preocupación por la cada vez más indisimulada decisión política de su gobierno de usar la represión y la violencia desde el Estado para resolver los justos y legítimos reclamos sociales, en particular, los de los sectores más humildes de nuestra población.
El último de estos hechos represivos tuvo como víctimas a las y los integrantes de una movilización pacífica de las organizaciones Barrios de Pie, Mumalá, Isepci, trabajadores de la Economía Social y Solidaria y sectores juveniles barriales y universitarios- mis compañeros- que pretendían acompañar desde nuestra provincia la iniciativa del gobierno nacional de aporte extraordinario a las grandes fortunas que se debate actualmente en el Congreso.
Me cuesta creer que Ud. no esté al tanto de esta última y de las anteriores conductas represivas de los funcionarios a su cargo. Ud. es un político consumado y seguramente sabe que al tomar una decisión política uno debe representarse las consecuencias de los actos de sus subordinados. En el caso del Sargento Olivello, y a diferencia de sus reprimidos, lo que abundan son solo antecedentes negativos, tanto sumariales policiales como penales que invalidan su idoneidad para el cargo. Esa persona, tal como lo atestiguan sus víctimas, entre las cuales se cuentan periodistas, jóvenes de los barrios, entre otros, fue y es y será un arma violenta del Estado para reprimir los reclamos, solo que ahora cuenta con la total impunidad que significa hablar en su representación y nombre.
Me causa tremenda indignación el ver como leyes provinciales, algunas de autoría compartida con Ud., de las que nos enorgullecemos institucional y socialmente, entre ellas la ley de seguridad provincial y la ley de criterios mínimos de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas , son violadas y transgredidas permanente e impunemente por un personaje del submundo de lo paramilitar, que cambió una moto y escopeta recortada por una dotación de élite preparada para romper cabezas inocentes.
Le recuerdo, Sr. Gobernador, que esas leyes fueron concebidas para la paz, la seguridad de nuestra comunidad, el buen trato a mujeres, adultos mayores y niños en manifestaciones así como para lograr la democratización de la institución policial y su utilización únicamente para la prevención y conjuración del delito común. En ellas, el uso de la fuerza pública es previsto como recurso excepcional, extraordinario y último por parte de los funcionarios, lejos de la violencia habitual, discrecional y demencial que lleva adelante el Sr. Olivello y su nueva legión de represores provinciales.
Muchas veces, Sr. Gobernador, lo escuché decir que la represión nunca es el camino para dar respuestas a los legítimos reclamos populares. Lo hizo cuando creó la Subsecretaría
de Derechos Humanos del Chaco, a fines del año 2007, que tuve el honor de ocupar. Lo hizo cuando promulgó la ley que creó el Mecanismo de Prevención de la Tortura en Chaco, pionera en la Argentina. También en oportunidad de poner en marcha muchas de las leyes protectorias de la persona y sus derechos, algunas de mi autoría, que se sancionaron durante su gestión.
Lamentablemente las acciones que llevan adelante los funcionarios que Ud. ha designado van en sentido contrario a sus opiniones de antaño , y su silencio y el dejar hacer ante los procedimientos represivos ilegales me hace pensar que ha cambiado de parecer sobre el tema.
Si esto es así, quiero decirle respetuosamente que, como dicen los pibes, “no es por ahí”, Sr. Gobernador. Que la represión nunca es y será el camino. Ud., si me permite, se está equivocando, y se está equivocando fiero. La represión al conflicto social y su hermana menor, la judicialización y criminalización del reclamo, es la derrota de la democracia y de la política democrática como sistema y como forma de resolver los conflictos.
Nuestra sociedad no necesita de un Olivello violento y represor en el gobierno que nos llevará a lamentables e irreparables consecuencias humanas, que desde ya Ud. puede evitar despidiéndolo del cargo, como primer y deseable gesto. Lo que nuestra sociedad precisa, sobre todo a las puertas de un escenario social post pandemia de mayor pobreza, exclusión y mayores carencias, es un gobierno y un Estado con mayores espacios de diálogo, concertación y acuerdos, así como funcionarios sensibles, eficientes y comprometidos con el espíritu y accionar democrático.
Quiero dejarle a Ud. una última reflexión, a lo mejor presuntuosa, que puede ayudar y aportar a entender la gravedad del momento así como la necesidad de recuperar la capacidad de diálogo en función del bien de nuestros comprovincianos. En 1820, y cuando se disponía a iniciar desde Chile la campaña de liberación definitiva del Perú de la dominación colonial española, el General San Martín recibió del Director Rondeau la orden de enfilar el Ejército de Los Andes hacia el litoral para reprimir a los caudillos federales que se alzaban con el poder unitario. El Libertador de América desobedeció la orden y dio a conocer en una carta los motivos de tal desobediencia. Dijo que, aun suponiendo que la suerte de las armas le hubiera sido favorable en la guerra civil el habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos, que eran sus compatriotas.
Ese axioma moral del Padre de la Patria, el de no derramar nunca sangre de compatriotas ni desenvainar su espada para guerras civiles, no estaba dirigido únicamente a militares que abusan de su condición para causar daño al pueblo. También interpela a todos aquellos gobernantes que tienen el poder de decisión de evitar males a los ciudadanos a quienes gobiernan.
Ojalá lo acompañe la humildad, la sabiduría y la templanza para torcer el rumbo y evitar agregar sufrimientos mayores a los que ya tienen nuestros comprovincianos, en particular, los trabajadores y las y los humildes vecinos de los barrios.
Atentamente.
Carlos Martínez