La secretaria general del Sindicato de Empleados Judiciales de Chaco (SEJCh), Graciela Aranda, está imputada en una causa por estafa en compra de tierras para un barrio.
La Comisión Investigadora del gremio mencionado se expidió en un comunicado, firmado por Alberto Martín Núñez, sobre la situación irregular. Exigen que la Justicia actúe en la causa donde Graciela Aranda está imputada por estafa en compra de terrenos.
Es menester recordar que este es un caso que se remonta a 2014, pero que en 2017 tuvo sus primeras actuaciones judiciales. Se trata de una supuesta estafa a alrededor de 100 familias que adquirieron terrenos en un predio con la palabra de que en el lugar se iban a edificar casas. En la operación aparecía el SEJCh, del que Graciela Aranda era y aún es secretaria General.
Esto se suma a otra causa que involucra una triangulación entre Alfredo Borrego de Mutual 16 de Noviembre, Fundación Movimiento Obrero Solidario, presidido por Graciela Aranda y la SEJCh, también liderado por Aranda. Según se denunció, la Mutual 16 de Noviembre habría pedido prestamos que sumaría un total de 6 millones de pesos al Nuevo Banco del Chaco y el garante era el Sindicato de Empleado Judiciales.
El Comunicado
La Comisión Investigadora del Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco comunicó que «Graciela Aranda lleva más de 16 años frente al sindicato, mal podría decir que los sucesos responden por consecuencia de las elecciones o por la herencia recibida».
En una misma sintonía, afirma que «cientos de familias» fueron «damnificadas por las maniobras económicas fraudulentas de Graciela Aranda, quienes la denunciaron penalmente y han demandado al SEJCh comprometiendo el patrimonio de los trabajadores y llenando de juicios el sindicato».
Según el SEJCh, durante los años 2014-2015 «100 familias pagaron de contando como adquirientes al Sindicato de Empleados Judiciales por terrenos por un valor de 15 millones de pesos, valor que corresponde a ese periodo no actualizado», y se agrega que «este monto millonario nunca fue ingresado a las cuentas del SEJCh, tampoco los damnificados han podido tomar posesión del terreno ni recuperar lo abonado».
Asimismo, desde este organismo se solicitó «al Poder Judicial las diligencias necesarias y perentorias para determinar responsabilidades que le cabe a cada uno de los actores que han estafado a cientos de familias y la buena fe de los trabajadores».
La denuncia
En 2017, como no se iniciaban las obras prometidas, un grupo de unas 20 personas denunciaron a Graciela Aranda por supuesta estafa y también a Miguel Ramos, dirigente judicial de Sáenz Peña, y a Eduardo Vargas, empleado bancario.
La denuncia aseveraba que los tres «engañaron a cien personas, mintiéndoles sobre la aprobación del barrio y el comienzo inminente de la obra que tenía fecha supuestamente para los primeros meses del año 2015 (jamás se aprobó el proyecto de viviendas y mucho menos se llamó a licitación para la construcción del mismo) sin embargo, para convencer mintieron sobre este punto indicando fecha de inicio de las obras. Obtuvieron una importante cantidad de dinero en representación del SEJCH, y ofreciendo un inmueble que en definitiva nunca fue propiedad del SEJCH ni tampoco fue adquirido por la entidad y mucho menos por los postulantes, lo que significa lisa y llanamente una operatoria sobre bienes ajenos. Por otro lado, no se sabe el destino de los fondos, aun cuando todo indica el beneficio personal».
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