Imponente daño ambiental por los desmontes en el Chaco

La deforestación durante 2022 en el norte de Argentina fue de 112.545 hectáreas (Santiago del Estero 38.492 hectáreas, Chaco 36.159 hectáreas, Formosa 22.664 hectáreas y Salta 15.230 hectáreas). Si bien se registra un descenso respecto de 2021, las cifras no son definitivas ya que falta sumar las superficies quemadas por incendios, que, casualmente, las de mayor importancia están en las mismas provincias.

“Más allá del número de deforestación lo que vemos es un aumento de la ilegalidad especialmente en Santiago del Estero y en el Chaco. En el caso de Chaco que están suspendidos los desmontes por una decisión judicial, al igual que el año pasado, no sólo no bajó sino que aumentó. En ese caso es todo ilegal. Nunca se dejó de autorizar el desmonte selectivo para actividad silvo pastoril”, explicó Hernán Giardini, director de la campaña de Bosques de Greenpeace. “Las herramientas no están alcanzando 15 años después de la sanción de la ley de bosques”, agregó Giardini.

Aproximadamente el 80% de los desmontes se concentran en cuatro provincias del norte argentino: Santiago del Estero, Salta, Chaco y Formosa. Sobre todo en los bosques del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande de Sudamérica y una de las áreas más ricas en biodiversidad del mundo, con 3.400 especies de plantas, 500 aves, 150 mamíferos, 120 reptiles y 100 anfibios.

Las principales causas de la pérdida de bosques son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería intensiva y soja transgénica que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales.

Los sectores Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra representan el 37% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del país, contribuyendo a la actual crisis climática.

Uno de los elementos que suman preocupación en los usos del suelo en los últimos años son los incendios forestales. Para Giardini los incendios pasan a ser ya un “driver de pérdida de bosques importante” y ni hablar de otros ecosistemas: “Estos incendios que destacamos en el reporte fueron realmente muy grandes en Salta y Jujuy gran parte era la selva de yungas (Orán, en noviembre, parque Calilegua) en zonas muy valiosas en términos de bosques y de selva”, indicó.

El reporte elaborado por Greenpeace indica que, según se desprende de los reportes elaborados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), la superficie afectada durante 2022 por Incendios Forestales, Rurales y/o de Interfase Urbano Forestal fue de cerca de 95.000 hectáreas en Salta y de 25.000 hectáreas en Jujuy, incluyendo cerca de 5.000 hectáreas del Parque Nacional Calilegua.

En cuanto a las causas, “se estima que el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, siendo dentro de estos los principales escenarios fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras, la preparación de áreas de pastoreo con fuego. Los factores climáticos como la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos fuertes inciden en su propagación”.

Estos fenómenos afectan seriamente a los suelos

El último reporte del Ministerio de Ambiente de la Nación da cuenta de que más de un tercio de los suelos de la Argentina sufre algún tipo de erosión. Esto significa que a la afectación ecosistémica se suman los costos productivos.

Giardini advirtió: “Una de las tantas consecuencias que tiene la deforestación, crisis climática, conflictos de derechos humanos y uno del que no se habla mucho es el del estado del suelo. El suelo desnudo está en peligro de erosión hídrica y solar”.

Según el último Informe del Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica (SISSA), a nivel país el 45,52% se encuentra en un estado de “no seco”. En el resto del país en la siguiente situación: un 22,19% del territorio argentino (unos 555.812 km2) exhibe una situación de “sequía moderada”, otro 14,39% (360.466 km2), muestran una “sequía severa”, un 8,9% (222.939 km2), un área “anormalmente seca”, un 7,43% (186.148 km2), con “sequía extrema”, y otro 1,57% (39.384 km2), con un estado de “sequía excepcional”.

Como se dijo, hace 15 años se sancionó una ley de protección de bosques, uno de cuyos objetivos centrales era el ordenamiento territorial. Es decir, que cada provincia pudiera determinar cuáles serían las zonas dedicadas a la producción, cuáles iban a ser protegidas haciendo un relevamiento y una clasificación como con un semáforo: rojo, amarillo y verde. Al día de hoy hay varias provincias que adeudan ese relevamiento y, como muestra el reporte de deforestación, las que lo han presentado tampoco lo cumplen.

¿Es una cuestión de presupuesto? La ley de protección de bosques creó el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques Nativos, destinado a compensar a las jurisdicciones que los conservan, por los servicios ambientales que prestan, como la regulación hídrica, conservación de suelos, la biodiversidad o la fijación de carbono, entre otros. Acorde a esta regulación, el Fondo debe representar un 0,3% del total del Presupuesto. Julieta Izcurdia, coordinadora del Programa Justicia Fiscal de ACIJ, y Guillermina French y Ariel Slipak del área de Investigación de FARN explican en un artículo de análisis del actual presupuesto en materia ambiental que “desde la sanción de la ley esta pauta nunca se cumplió”.

“La partida para el Fondo de Bosques en 2023 será de $9.000 millones que representan tan solo el 0,031% del presupuesto total, frente a los más de $86.000 millones que deberían destinarse para alcanzar el 0,3% establecido en la Ley. Considerando el crédito vigente de 2022, tiene un aumento interanual nominal del 57,6%, por debajo de la inflación proyectada. En otras palabras, no solamente se incumple la Ley de Bosques, sino que incluso se ajusta hacia la baja en términos reales”.

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