“Lejos de ser casos excepcionales, el veto se ha transformado en una práctica sistemática que debilita el normal funcionamiento de las instituciones y limita la representación ciudadana expresada a través de sus concejales”, agregó la concejal Mion.
Ordenanzas vetadas en 2025
Entre los proyectos anulados por el intendente se encuentran iniciativas de gran importancia para la comunidad:
-Emergencia en infraestructura vial.
-Creación de un sitio web de transparencia.
-Creación de una oficina municipal de consumos problemáticos.
-Recaudación de multas de tránsito para instituciones sociales y deportivas.
-Pedido de información sobre designaciones de nuevos funcionarios.
-Pedido de balances mensuales de tesorería.
-Declaración de emergencia vial.
-Informes sobre obras públicas.
Cada una de estas ordenanzas respondía a necesidades concretas de los vecinos y fueron elaboradas en el marco de la Ley Orgánica Municipal N.º 854-P, que reconoce al Concejo la facultad de sancionar ordenanzas y ejercer control sobre la gestión.
Institucionalidad en riesgo
Por último, la concejal aseguró: “Cuando el veto se utiliza de manera reiterada y sin fundamentos sólidos, deja de ser una herramienta excepcional y se convierte en un mecanismo de abuso de poder. Este accionar concentra las decisiones en un solo funcionario, desconoce la división de poderes y debilita la democracia local. Lo que está en juego no es una mera disputa política, sino la esencia misma de la vida institucional de Villa Ángela. La discrecionalidad del veto afecta la transparencia, reduce el control y priva a la ciudadanía de políticas públicas necesarias. Villa Ángela necesita más consensos, más transparencia y más institucionalidad para garantizar un futuro en el que las decisiones de gobierno respondan al interés común y no a la arbitrariedad de un solo dirigente”.
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