El mismo pretende prohibir la participación de intermediarios que sean ajenos a las autoridades provinciales en el proceso de selección y asignación de beneficios.
«Se acercaron beneficiarios de planes sociales a contarnos relatos de aprietes, amenazas con quitarles los beneficios si no iban a marchas, extorsiones por favores sexuales, entre muchos otros casos de atropello a estas personas», aseguró el diputado.
La ley incluiría la definición de los beneficiarios directamente a través del Poder Ejecutivo por vía reglamentaria y bajo una serie de criterios específicos de universalidad «eliminando o disminuyendo al máximo la discrecionalidad en la asignación de estos beneficios».
«Tenemos una larga lista de casos similares a los de Quintín Gomez y Jorge Bregui en nuestra provincia que denotan la impunidad de los allegados al poder y la infinidad de beneficios que puede generar el silencio cómplice y los mecanismos hechos a la medida, la única manera de evitar que esto ocurra es regular estos procesos y ponerle límites al Estado», agregó.
Una descentralización irregular del estado
Por su parte el diputado Francisco Romero Castelán quien acompañó la presentación, remarcó la necesidad de evitar el desguace del estado y fomentar el control de los recursos y las ayudas sociales que deben llegar a los que menos tienen. “Las ayudas sociales no pueden ser manejadas por intermediarios y mucho menos por delincuentes, como sucedió en el Chaco con la gestión de Capitanich”, sentenció el diputado Romero Castelán.
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