El juez federal subrogante, Aldo Mario Alurralde, dictó el procesamiento sin prisión preventiva contra el rector de la UNCAUS, German Oestmann por considerarlo «prima facie» autor penalmente responsables de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y asociación ilícita, todos en concurso real, cometidos en la órbita de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS).
La misma decisión, y con las mismas acusaciones, resolvió contra Marcelo Marinich, Natalia Judis, Manuel Ricardone, Cristian Vizgarra, Luis Pugacz, Lucas Stegagnini, Jorge Alcantara, Juan Sang, Ricardo Salín, María Fernanda Del Giorgio, Carla Palacio, José Yarros, Juan Domínguez, Jonatan Gal, Dora Loto, Pedro Mijalec y Andrea Bondar.
La investigación del juez Alurralde apunta a una presunta trama de corrupción en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS). Según la acusación, la universidad habría creado y utilizado diferentes fundaciones para firmar convenios y traspasarles la administración de áreas enteras sin la debida autorización del Consejo Superior, lo que dificultaba el control estatal sobre los fondos.
Las fundaciones involucradas desarrollaban sus actividades en las mismas instalaciones de la universidad, planteó el juez, compartiendo recursos y personal. Acusó también que a pesar de que estas fundaciones debían apoyar la labor de la universidad, «comenzaron a cobrar por servicios que ya estaban incluidos en el presupuesto nacional asignado a la UNCAUS, actuando de facto como institutos privados pero utilizando recursos proporcionados gratuitamente por el Estado».
En la resolución, el magistrado indicó que se detectó que algunas fundaciones, como la Fundación Recursos Naturales, no generaban ingresos suficientes y traspasaban dinero entre ellas para cubrir sus gastos, perdiéndose la trazabilidad de los fondos públicos. «Varios de los imputados facturaban servicios a estas fundaciones, a pesar de ser miembros de otras fundaciones, lo que está prohibido por la naturaleza jurídica de estas instituciones», apunta la investigación.
Las operaciones entre las partes involucradas se habrían respaldado con una contabilidad deficiente, lo que generaba incertidumbre sobre el origen y la aplicación de los fondos. Además, los responsables de llevar la contabilidad y auditar los estados contables eran contadores de las restantes entidades vinculadas, facilitando las maniobras de desvío de fondos.
Con esta investigación se cree que las fundaciones eran utilizadas como personas jurídicas ideales para triangular dinero, ya que no habrían estado sujetas a los controles y regulaciones aplicables a la universidad, lo que permitía que las irregularidades pasaran desapercibidas.
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