La norma se fundamenta en “la efectividad del uso de los sistemas de incapacitación, especialmente por las policías de muchos países en todo el mundo, que permite una eficiente disuasión de acciones delictivas y disminuye la letalidad no solamente de aquellos que resultan sujetos a su acción sino también de los integrantes de las fuerzas de seguridad que las emplean”.
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