El Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó el “Protocolo General de Actuación destinado a primeros intervinientes para la identificación y secuestro de potenciales elementos de prueba de criptoactivos”, a través de la Resolución 117/2025, firmada por la ministra Patricia Bullrich.
La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio, en colaboración con las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, el Ministerio Público Fiscal, y con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Este esfuerzo coordinado busca fortalecer las capacidades operativas frente al creciente uso de criptomonedas en actividades ilícitas, garantizando la eficacia de las investigaciones en un entorno tecnológico y legal cada vez más complejo.
El impacto de los criptoactivos en el crimen organizado
En los últimos años, los criptoactivos adquirieron un papel relevante en la economía global, transformando la relación de las personas con el dinero y los activos financieros. Argentina, reconocida como uno de los países con mayor adopción de criptomonedas en Latinoamérica —superada solo por Brasil y Colombia—, enfrenta desafíos importantes en términos de regulación y prevención del crimen organizado.
La naturaleza de los criptoactivos, caracterizados por su intangibilidad, alta volatilidad, facilidad para cruzar fronteras y rapidez en las transacciones, los ha convertido en herramientas atractivas para actividades como el lavado de dinero, el fraude y la financiación del terrorismo. Este contexto generó la necesidad de mecanismos especializados para identificar y preservar evidencia digital asociada a criptoactivos, garantizando una respuesta inmediata ante su detección en procedimientos policiales y judiciales.
El protocolo aborda los desafíos particulares de los criptoactivos mediante la introducción de procedimientos estandarizados que aseguran la trazabilidad, resguardo y cadena de custodia de estos activos durante las investigaciones. Entre sus fundamentos principales destacan:
- Adaptación a las demandas tecnológicas: El protocolo establece prácticas actualizadas para la detección y manejo de elementos vinculados con criptoactivos, como billeteras virtuales, frases semilla y plataformas de intercambio (exchanges).
- Eficiencia en la actuación policial: Se prioriza la rapidez en la identificación y transferencia de activos a billeteras controladas por autoridades, evitando su dispersión o pérdida durante el procedimiento.
- Colaboración público-privada: Promueve la cooperación con proveedores de servicios de criptoactivos para congelar cuentas y preservar evidencia, alineándose con estándares internacionales y recomendaciones de organismos como la UNODC.
El “Protocolo General de Actuación” tiene un alcance nacional y es de aplicación obligatoria para todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal). Además, el texto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta normativa.
Entre los aspectos clave que abarca se encuentran:
- Identificación y manejo de potenciales elementos de prueba (PEP): Desde dispositivos con frases semilla hasta billeteras virtuales y plataformas digitales.
- Trazabilidad y resguardo de activos: Definición de procedimientos para la transferencia y almacenamiento seguro de criptoactivos incautados.
- Creación de billeteras institucionales: Herramientas controladas por las autoridades para gestionar los activos asegurados.
- Prevención y capacitación: Promoción de mesas de trabajo y actualizaciones regulares para reforzar las capacidades técnicas de las fuerzas de seguridad.
La implementación de este protocolo posiciona a Argentina como referente regional en la lucha contra el uso indebido de criptoactivos. Al garantizar un marco claro y eficaz para su tratamiento, no solo se asegura la preservación de la evidencia en investigaciones complejas, sino que se refuerza la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar las amenazas del ciberespacio.
El protocolo será supervisado por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, que liderará su difusión, actualización y evaluación de impacto en el ámbito federal.
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