El ministro de Gobierno, Julio Ferro, acompañado por el jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker; el vicepresidente Carlos Salom y el diputado Adrián Zukiewicz, defendió la iniciativa y aseguró que se trata de “una medida razonable” que permitiría un ahorro aproximado de 200 millones de pesos por mes para el Estado provincial.
“El proyecto de ley pretende modificar el régimen de licencias del empleado público y el estatuto docente, porque hoy el Estado les garantiza a los representantes gremiales no solo que no concurran a trabajar, sino también el respeto de la antigüedad, la reserva del puesto y el cobro del 100% del sueldo”, explicó el funcionario.
En ese sentido, remarcó que actualmente el sistema implica un doble gasto para la provincia, ya que además de mantener el salario de quienes se encuentran con licencia gremial, se deben cubrir esos cargos con subrogancias o suplencias, especialmente en el ámbito educativo.
Todos los chaqueños pagamos el 100% del sueldo a personas que no cumplen ninguna tarea en la administración pública. Garantizamos todos los derechos laborales, pero entendemos que el Estado no debe sostener económicamente a quien no está desempeñando funciones”, sostuvo Ferro.
Según estimaciones oficiales, el ahorro que generaría la modificación sería de aproximadamente 100 millones de pesos en el ámbito educativo y otros 100 millones en la administración central, totalizando unos 200 millones de pesos mensuales.
GYOKER: EL PAGO DEBERÍA RECAER EN LAS ENTIDADES SINDICALES A LA QUE REPRESENTAN”
Desde el ámbito legislativo, el diputado Iván Gyoker señaló que se buscará avanzar con el tratamiento del proyecto para que tenga un trámite ágil y destacó la importancia de generar consensos para abordar los principales desafíos de la provincia. “Creemos que esta es una medida que no hay chaqueño que pueda estar en contra. La responsabilidad del pago del salario a los representantes gremiales, mientras dure su licencia, debería recaer en las entidades sindicales a las que representan”, afirmó.
En la misma línea, el diputado Carlos Salom consideró que la iniciativa apunta a corregir inequidades y a promover una administración más responsable de los recursos públicos. “Hay una sociedad expectante de que el dinero público se maneje con mucha responsabilidad y esta es una medida que tenemos que tomar entre todos. Nos parece una decisión justa y equilibrada, sobre todo en un contexto económico difícil para la provincia”, concluyó.
El proyecto será ahora analizado en la Legislatura provincial, donde se espera que forme parte de la agenda de debate en las próximas semanas.
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