
“Le pedimos a todos los actores involucrados que prime la paz social y que no se utilice esta cuestión de forma política”, remarcó. La llegada se dio luego de que el gobernador Leandro Zdero recibiera al intendente Rafael Frías y le encomendara trabajar en territorio para atender las inquietudes de la comunidad. En ese marco, Ferro destacó: “Queremos resolver esta situación y brindar tranquilidad tanto a las 600 familias criollas como a la comunidad originaria. Tiene que primar el diálogo”.
Asimismo, valoró el trabajo conjunto con el municipio y la predisposición del jefe comunal, así como el acompañamiento de los equipos legales de las partes involucradas. En ese sentido, reiteró el pedido a los vecinos de evitar medidas de fuerza o situaciones de conflicto. “Es fundamental no generar enfrentamientos entre comunidades ni con las fuerzas de seguridad”, señaló.
Una problemática compleja
El conflicto en el Lote 88 se remonta a una resolución judicial de 2020 que establece la transferencia de 100 hectáreas a la comunidad originaria “Mujeres Fuertes”. Sin embargo, en el lugar residen actualmente más de 600 familias criollas, lo que genera una situación de alta complejidad social.
Ferro explicó que el origen del conflicto se vincula a un convenio firmado en gestiones anteriores y que hoy la Justicia exige su cumplimiento, lo que provoca incertidumbre entre quienes habitan el predio. “Estamos dialogando con todos los actores: representantes de la comunidad originaria y las familias que viven en el lugar, porque entendemos que la solución debe encontrarse a través del consenso”, afirmó.
En esa línea, adelantó que se continuará con las reuniones y se evalúa la conformación de una mesa de trabajo con todos los sectores, incluido el Poder Judicial, además de analizar una posible prórroga de los plazos establecidos.
El ministro también ratificó la voluntad del Gobierno de sostener el diálogo permanente y avanzar en soluciones concretas. “Nuestro objetivo es que al vencimiento del plazo fijado por la Justicia no haya ningún tipo de desalojo, sino un plan de reubicación razonable y en tiempos adecuados”, sostuvo.
Entre las varias alternativas, se mencionó el proyecto de ley de ampliación del ejido municipal de Miraflores, que permitiría dar respuesta a situaciones similares y facilitar la reubicación de familias que decidan trasladarse de manera voluntaria, garantizando el acceso a un lote con título de propiedad.
Finalmente, Julio Ferro reiteró el compromiso del Gobierno provincial de seguir trabajando en una salida pacífica, priorizando la convivencia, el respeto y la seguridad de todas las comunidades involucradas.
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