El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia del Chaco oficializó la Resolución N°1331/26, un instrumento legal que establece un nuevo marco regulatorio para el Servicio Alimentario Escolar, garantizando un sistema de transferencia de fondos que sea ante todo, ágil, simplificado y transparente.
Ante versiones que circularon recientemente, sobre supuestas afectaciones al patrimonio personal de los directivos y docentes responsables de las tarjetas, las autoridades aclararon que el sistema está diseñado con protocolos administrativos que desmienten tales riesgos.
La normativa vigente establece que los directivos actúan como titulares y responsables de la administración de fondos públicos, específicamente asignados al servicio de comedor. El proceso se basa en una acreditación mensual de fondos por parte del Ministerio, seguida de una etapa de rendición de cuentas que debe realizarse a través de la plataforma: Tu Gobierno Digital. De esta manera, el patrimonio personal del agente queda resguardado, ya que se trata de un instrumento de gestión para el cumplimiento de una política pública estatal.
SEGURIDAD JURÍDICA
Para despejar cualquier duda sobre el alcance de esta herramienta, la tarjeta recargable no afecta la relación tributaria ni la calificación crediticia del docente ante organismos de control. Al ser un instrumento de uso específico para políticas sociales, no se aplican impuestos ni cargos sobre los consumos realizados. Asimismo, se reitera que los movimientos financieros no se mezclan con los gastos personales del directivo, ya que la tarjeta posee un resumen diferenciado y un saldo que se reinicia mensualmente, lo que garantiza que los fondos públicos mantengan su trazabilidad sin interferir en la cuenta sueldo del agente.
Un aspecto clave de la nueva reglamentación, es la incorporación de criterios de flexibilidad y de acompañamiento técnico. Por ello, el Ministerio de Desarrollo Humano ha previsto que, en caso de detectarse inconsistencias u observaciones en las rendiciones, muchas veces derivadas de dificultades logísticas o climáticas, se otorgue a los responsables un plazo perentorio para subsanar y regularizar la documentación.
Este mecanismo de control no busca la sanción inmediata, sino la transparencia en el uso de los recursos y la mejora continua del servicio, permitiendo incluso la adquisición de productos sustitutos cuando existan razones fundadas de falta de abastecimiento local.
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