La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Chaco le comunicó al Tribunal de Cuentas su «enérgico rechazo» a un informe que el organismo brindó –a pedido delos legisladores- sobre las medidas adoptadas frente a las denuncias de violencia laboral y tratos sexistas que formuló una fiscal de ese organismo, quien acusó por esas prácticas a un funcionario superior.
Un «tirón de orejas» como ése es muy poco usual en el trato entre un poder del Estado y un organismo como el encargado de controlar las cuentas públicas, pero evidentemente el malestar entre los diputados fue tanto que manifestaron su desagrado en un tono formal pero contundente.
Lo que sucedió
El 20 de septiembre la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura envió al Tribunal una nota en la que solicitó información «sobre la situación laboral y medidas de protección adoptadas» en el caso de Urlich, la fiscal del TC que denunció que su superior, el fiscal relator Luis María del Cerro, la destrató durante años, a veces cuestionando su capacidad profesional y otras con expresiones como «hacete las tetas» y «operate la nariz».
Es lo que ella afirma en presentaciones efectuadas ante diferentes estamentos, ya que dijo no haber hallado una respuesta adecuada dentro del propio Tribunal de Cuentas, donde la conducción de ese ente dispuso un sumario interno para acabar simplemente recomendando a denunciante y denunciado que «reflexionen» sobre lo ocurrido.
La justicia, en tanto, tiene actuaciones abiertas sobre el caso y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia dictaminó que se trata de un caso de «violencia laboral con connotaciones de género».
En el caso de la Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos también tomó cartas en el asunto y solicitó en septiembre al Tribunal de Cuentas un informe sobre qué medidas se adoptaron luego de los hechos denunciantes. El organismo de contralor, aparentemente luego de derivar la solicitud a áreas internas de asesoramiento administrativo y jurídico, respondió mediante correo electrónico con un informe de contenido más bien formal, que se reducía a un inventario de actuaciones labradas dentro del TC en diferentes momentos de la situación generada a raíz de las denuncias de la fiscal Urlich.
Esa respuesta claramente no satisfizo a los diputados, ya que por una nueva nota, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura manifestó oficialmente su «enérgico rechazo a lo informado».
La nueva comunicación, fechada el 14 de octubre, fundamente ese rechazo en que la respuesta de los vocales del Tribunal «no reproduce lo estrictamente solicitado por este Poder (Legislativo), sin contemplar la numerosa legislación vigente para estas circunstancias respecto a la perspectiva de género.
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