En la reunión se abordó un planteo que el Comité realizó en la mesa de trabajo del año pasado: la necesidad de articulación con otros organismos del Estado para acompañar a las personas en el proceso de post-encierro, o en otras instituciones alternativas al encierro como la prisión domiciliaria.
Asimismo, se conversó sobre las dificultades que enfrentan las personas en el acceso a la salud y, fundamentalmente, al trabajo. Esto último es una demanda recurrente y una estrategia viable e inmediata es la activación de las cooperativas de trabajo.
En cuanto a la actualización de datos sobre la cantidad de personas bajo la tutela de esa institución y su diferenciación por género, Regis refirió que actualmente hay 3.182, de las 252 tienen prisión domiciliaria y de estas últimas la mayoría son mujeres.
Al finalizar la entrevista se acordó una agenda de trabajo.
