La jueza federal Zunilda Niremperger no hizo lugar al requerimiento, realizado por el fiscal Patricio Sabadini, contra clínicas y sanatorios, por supuestos hechos cometidos contra el PAMI.
De esta manera se cerró una semana donde dos funcionarios de la justicia federal demuestran fuertes diferencias en causas muy importantes con amplia repercusiones políticas y mediáticas.
Sobre la denuncia contra PAMI trascendió que “el requerimiento fiscal contra todas las clínicas y sanatorios es demasiado amplio y por lo tanto primero hay que hacer una investigación para determinar qué clínicas y sanatorios estarían involucrados o si hay una maniobra de todos los sanatorios o los representantes de las entidades. También podrían ser maniobras individuales de algunos médicos”.
“Hay que seguir investigando y luego ver a quiénes se imputa”, indicó la fuente consultada sobre la definición que tomó la jueza relacionada con la acusación que se planteó en su momento contra prestadores del PAMI.
La denuncia en su momento fue acompañada por el fiscal Javier Arzubi Calvo que investiga los hechos contra la obra social de los jubilados, es decir que está a cargo de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral.
“El entrecruzamiento de información realizada por los auditores, donde evaluaron la correspondencia de la práctica solicitada por parte del profesional y las constancias que avalen la realización efectiva de la prestación, fueron efectuadas con los datos transmitidos de forma electrónica y bajo declaración jurada, las que al ser valorizadas dieron como resultado un monto muy por debajo de lo reclamado”, indicaron en denuncia.
“En efecto, en relación con estas inconsistencias, a través de tratamientos incorrectos, utilización de historias clínicas clonadas o con diagnósticos que no coinciden con la realidad, los responsables generaron la creación de una erogación patrimonial que redunda en un enorme perjuicio patrimonial, desde agosto de 2017 a junio de 2018, por una suma cercana a los $250.000.000, que ya fueron abonados en virtud de lo ordenado por medida cautelar en el marco del expediente judicial”, añadieron en la presentación.
La parte del Lavado
En el mismo expediente hay una investigación contra el abogado Sánchez, que entre otras cosas defiende a prestadores del PAMI. Y en tal sentido, la jueza determinó que el requerimiento no cumple con lo establecido en la normativa. “Para que pueda tener cabida el requerimiento debe ser reformulado, debe presentarse cumpliendo con lo que establece la normativa”, indicó la fuente.
Sabadini: «Desconozco lo que está ocurriendo»
«Desconozco lo que está ocurriendo con la jueza Zunilda Niremperger. Me preocupa. Con la antigüedad y experiencia que posee sabe bien que el fiscal es el titular de la acción penal y quien fija la hipótesis delictiva. Tenemos esta vara de su análisis. Hace unos días por tercera vez la Cámara Federal de Apelaciones revocó un fallo suyo por violación al principio de congruencia por ir más allá en las imputaciones. No sé con cuál Niremperger quedarme. La diferencia es que este criterio insólito e inéditamente restrictivo dificulta saber qué ocurrió con la plata de la salud de nuestros abuelos», indicó el fiscal federal Patricio Sabadini.
