A través de un comunicado, la institución que nuclea a comerciantes y que está asociada a la Federación Económica del Chaco (FECHACO), plantearon “un grave problema suscitado desde hace unos años a la fecha, la poca o nula seguridad jurídica, que parece imposible entender los conflictos sobre tierras con los pueblos originarios y/o sus organizaciones con las cuales convivimos armoniosamente y en hermandad desde hace muchos años desde que se inició esta pujante colonia chaqueña”.
“Los pueblos y organizaciones de originarios toman campos, terrenos con o sin títulos de propiedad; fuera y dentro del ejido municipal, por éstos días han tomado, creyendo hacer justicia por propias manos terrenos, cuyos propietarios han adquirido, algunos al municipio, otros a propietarios anteriores con el correspondiente contrato de compraventa certificado como corresponde, pagan impuestos al municipio poseen la plena ocupación para poder habitar o desarrollar cualquier emprendimiento productivo, comercial y/o social”, afirmaron.
En este sentido, desde la entidad aseguraron: “Los propietarios con todo lo que implica viajar deben hacer denuncias ante Fiscalía, mientras que los pueblos originarios y/o sus organizaciones aplican justicia por mano propia ir y tomar los terrenos que creen le son propios según sus propias interpretaciones de la ley”.
“Si bien observamos que desde el Municipio se quiere ordenar el desarrollo productivo, comercial y social brindando en lo que puede tranquilidad orden y servicios adecuados a todos y desde el Gobierno Provincial se quiere dar un buen empuje hacia Miraflores trabajando para atender lo mejor posible las áreas de salud, educación, colonización además de aportes importantísimos cómo ser el nuevo frigorífico, rutas asfáltica hacia el impenetrable profundo desde aquí, entre otras importantes acciones de progreso de incalculable valor presente y futuro, seguimos con un problema que aún no se puede resolver”, destacaron.
De esta manera, la Cámara de Comercio local solicita al gobernador Jorge Capitanich y al Poder Judicial que intervenga ante esta situación en el marco de la Ley y el derecho por soluciones definitivas particulares y generales, para que los miraflorences puedan vivir y progresar en paz.
