Los peligros de la Anomia en el Estado

Cuando usamos el término “anomia”, nos estamos refiriendo a la “violación o infracción de la ley”, y siendo el estado quien tiene el deber de cumplir y hacer cumplir las normas establecidas bajo la ley máxima de nuestra organización política, es decir la Constitución Nacional, es mayor aún la responsabilidad que le cabe.

En una democracia, coexisten líneas de pensamientos y acciones representados por las personas que ocupan los distintos cargos públicos; así la Cámara de Diputados, ostenta la representación política del pueblo y es la responsable de la sanción de las leyes. Aunque esto parezca elemental u obvio, es necesario advertir la gravedad en la que incurre dicho cuerpo cuando para lograr su cometido infringe las leyes, reglamentos vigentes y aún la Constitución. Y de acuerdo con lo que tomó estado público en distintos medios, el pasado miércoles 7 en la legislatura provincial el oficialismo logró impulsar y sancionar dos leyes violando el Reglamento de la Cámara de Diputados, leyes vigentes y aún la Constitución. Y pese a las advertencias que hicieran sus pares de la oposición (el interbloque UCR), con relación a la ilegalidad en la que estaban incurriendo, avanzaron y lograron así sancionar la ley que suspende las P.A.S.O. (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la modificación de la ley electoral provincial por la cual se instaura la denominada Ley de Lemas o Colectora, similar a la que rige en Formosa. No voy a detenerme en analizar las consecuencias que podrían traer para nuestra sufrida provincia ambas leyes, ya que varios profesionales del derecho han advertido en una nota publicada recientemente https://eldifusor.com/2022/12/05/abogados-advierten-que-suspender-las-primarias-es-consagrar-el-autoritarismo/

Con la sola intención de hacer un aporte a la vida democrática de nuestra provincia y despertar el interés por el respeto a las instituciones, a la división de poderes y a las normas que rigen en un Estado de Derecho Constitucional, con todo respeto, voy a señalar lo siguiente:

En primer lugar, en la legislatura provincial, se ha vulnerado como nunca antes, el DERECHO HUMANO esencial que tiene todo ciudadano, el derecho a la tutela administrativa efectiva, al pretender convalidar un acto que desde sus orígenes ha violado el debido procedimiento administrativo. Este derecho humano, es la garantía del administrado a que el procedimiento administrativo se desarrolle respetando una serie derechos y obligaciones que se encuentran expresos o implícitos en el ordenamiento jurídico. Y en esta oportunidad se ha dictado un acto administrativo arbitrario que al no cumplir con las reglas del debido procedimiento administrativo, conllevaría a que el acto sea declarado nulo, de nulidad absoluta; salvo que al advertir el mal proceder, el Poder Ejecutivo rechace las normas viciadas mediante el veto.

En segundo lugar, es menester destacar que dicho acto, no debe interpretarse como una cuestión política no judiciable, pues aún los actos políticos para ser válidos deben ajustarse a las normas establecidas y en especial a la Constitución. Pues ante un acto arbitrario e ilegal, la herramienta útil para remediar esta situación es la Acción de Amparo prevista en el art.19 de nuestra Constitución Provincial; mediante el cual “el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos”.

En tercer lugar, y de acuerdo con lo trascendido, en el procedimiento de las normas sancionadas ha habido arbitrariedad e ilegalidad manifiesta que lesionan el derecho de los ciudadanos representados en el cuerpo legislativo. Así, se ha violado el principio de juridicidad que rige para todo acto de gobierno, mediante el cual, toda autoridad debe saber que es su deber ajustarse a la ley, que no puede hacer lo que quiera, que está obligado a hacer lo que prescribe la ley y las normas establecidas ya sean éstas resoluciones o decretos. Y mayor flagrancia aún se evidencia, cuando el órgano encargado de dictar las leyes es quien viola su propio reglamento para obtener un resultado que de otra manera le hubiese sido imposible lograrlo.

Finalmente, así como toda irregularidad cometida por cualquier persona u órgano del estado debe ser denunciada ante la justicia y considerando que las leyes sancionadas tienen una causa ilegal, por violar los principios básicos que rigen los actos administrativos en un Estado de Derecho Constitucional, será la JUSTICIA quien declare la inconstitucionalidad de las leyes sancionadas. Ésta es la responsable de velar por el estricto respeto de las normas que nos rigen y el único refugio que nos queda a los ciudadanos para proteger nuestros derechos, haciendo que nuestros representantes actúen en un todo de acuerdo con las facultades que les otorgó nuestra Constitución y las leyes que bajo su amparo se dicten.