La falta de políticas públicas claras del gobierno provincial, en este caso las vinculadas a educación, específicamente a la capacitación docente, nos lleva a situaciones de caos en las que siempre se favorece a quien no respeta la Ley en desmedro de la mayoría de los docentes que con honestidad y sincera vocación, hacen un enorme sacrificio para capacitarse.
El caos es una metodología permanente del gobierno de Jorge Capitanich. El año pasado la enorme cantidad de certificados de postítulos observados, enmarcados en supuesta ilegalidad, generaron informaciones sumarias y sumarios administrativos, procesos para identificar las responsabilidades de los docentes. Esta decisión, enmarcada en el Artículo 54 del Estatuto del Docente, ocasionó la presentación de medidas cautelares que derivaron en la resolución judicial que ordena restituir el puntaje a los docentes, anterior a la Disposición 24/2022 de la Dirección de Títulos y Equivalencias.
Ante estas medidas el Ministerio de Educación de la provincia prorroga la realización de los concursos de ingreso y traslado, con lo cual muchos docentes se verán perjudicados ¿Y los responsables? La Dirección de Títulos y Equivalencias parecería que oportunamente no llevó adelante el control de las certificaciones dándole validez a los mismos. Luego, por disposición N°24/2022 anula los registros quitando validez a los postítulos sin haber realizado la correspondiente declaración de lesividad. La misma situación podemos transferir a las Resoluciones N°4404 y4405 del año 2022.
¿Se investiga a las Instituciones oferentes? Porque son las mismas que años anteriores otorgaban iguales postítulos y fueron validados. El Ministerio a través de sus áreas pertinentes no realizó el debido control. Por eso la investigación debe ser profunda y seria, la responsabilidad de los oferentes e intermediarios y del propio Ministerio por no realizar el debido control contando con áreas específicas como por ejemplo la Subsecretaría de Formación Docente e Investigación Educativa, dependencia que tiene determinadas sus funciones y responsabilidad mediante Decreto N°823/2021.
Sólo puedo concluir que estaríamos ante grandes negociados, donde los docentes son víctimas estafadas. La arbitrariedad y falta de transparencia del gobierno provincial lesiona groseramente los derechos laborales adquiridos y los principios de equidad.
Por ello, ratifico la urgente necesidad de definir responsables de estos hechos que perjudican a la docencia en general y accionar en consecuencia.
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