
Bisonni advirtió que su paralización golpea de lleno al empleo privado, la producción y la previsibilidad económica del Chaco.
“Esta ley vino a terminar con años de descontrol. Frenarla es retroceder”, afirmó la legisladora, quien recordó que la norma fue debatida en la Legislatura y construida con respaldo técnico de especialistas, universidades y organismos nacionales como el INTA. “No es improvisación ni negocio: es orden”, sentenció.
Bisonni apuntó contra el modelo anterior de gestión forestal y fue tajante: “Durante años se permitió desmontar sin control, pagar multas mínimas y seguir como si nada. Ese modelo destruyó el bosque y nunca generó desarrollo real”. En contraste, sostuvo que la actual política forestal sí muestra resultados concretos: “Las estadísticas de 2024 y 2025 son claras: el desmonte se redujo a menos de la mitad respecto de las gestiones anteriores”.
La diputada advirtió que la suspensión de la ley pone en riesgo a más de 40.000 familias que dependen de la actividad forestoindustrial y a polos productivos clave como Machagai. “Hablar de ambiente sin hablar de trabajo es puro marketing. El cuidado del bosque y el empleo privado no son opuestos”, afirmó.
En ese sentido, defendió el esquema de ordenamiento territorial basado en mapas técnicos que definen qué se protege y dónde se puede producir, con controles y reforestación. “El bosque es un recurso renovable si hay reglas claras. Sin reglas, gana el descontrol”, sostuvo.
Finalmente, Bisonni exigió una rápida resolución institucional: “Hay que presentar toda la documentación y levantar esta cautelar cuanto antes. El Chaco no puede quedar rehén de la incertidumbre cuando lo que está en juego es trabajo, inversión y futuro”, concluyó.
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